El Pleno del Congreso ha aprobado la Ley del Tercer Sector y a la Ley de Voluntariado, dos instrumentos que servirán de refuerzo a un sector clave para el desarrollo social del país, la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra la pobreza y la exclusión.
Estas normas responden a una antigua demanda de las organizaciones sociales, que querían un marco estable que regulase y reconociese la labor a favor del desarrollo de más de 30.000 organizaciones no lucrativas y a unos 6 millones de personas voluntarias.
8 de cada 10 organizaciones cuentan con personas voluntarias en sus estructuras, lo que suma un total de 1.100.000 personas voluntarias; representa a casi 9 millones de personas; da empleo a cerca de 630.000 personas (3,5% del total del empleo en nuestro país) y representa el 1,7% del PIB. El número de personas a las que atiende el sector supera los cinco millones de personas.
Puntos destacados de la nueva ley:
La edad mínima para ser voluntario será 12 años.
Limita el acceso al voluntariado, para evitar que los condenados por trata de seres humanos, violencia de género, violencia doméstica o terrorismo participen en proyectos, en especial los que tienen como beneficiarios a los menores, a las familias y a las mujeres.
Garantiza la igualdad en el acceso al voluntariado de las personas dependientes en las condiciones acordes a sus circunstancias y evita que se incurra en prácticas discriminatorias por identidad y orientación sexual.
Favorece a los voluntarios que adapten o reduzcan su jornada, para la ejecución de actividades de voluntariado.
Incluye a empresas y universidades.
Las universidades podrán desarrollar fórmulas de reconocimiento académico a las acciones de voluntariado.
La acción de voluntariado nunca podrá ser causa de la extinción de un contrato ni de la disminución de un servicio.
Establece ámbitos de las actuaciones voluntarias: social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil para una emergencia o catástrofe natural. El voluntariado paralímpico va integrado en la categoría deportiva y el de la protección de animales en la ambiental.
Canaliza el papel del tercer sector a través de dos órganos: el Consejo estatal de ONG de acción social y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
Ofrece a las entidades los máximos beneficios fiscales reconocidos con carácter general en el régimen de incentivos y se adecuarán los sistemas de financiación pública, manteniendo la estabilidad presupuestaria.
Clarifica el ratio competencial de la Ley, distribuyendo claramente las competencias entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas.
La participación de voluntarios es muy elevada en España, somos el sexto país de la Unión Europea y en los últimos años hemos experimentado un crecimiento mayor a la media europea en los últimos años.
En Balsarto, firma de gestión, asesoría, consultoría y auditoría que ofrece servicios a proyectos, instituciones y empresas con alto valor social, ayudamos a nuestros clientes a estar al día en la legislación vigente y a aplicarla a su actividad diaria.
